Polonia se opuso a conceptos radicales

Durante años, la Unión Europea (UE) ha intentado obligar a toda África y a los países del sur global a introducir el aborto y exigencias radicales de género e ideología Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgeneros, Transexuales, Intersexuales Queers (LGBTTTIQ+). Estas varias docenas de países constituyen también una importante reserva de votos en la Asamblea General de la ONU, donde la UE lleva años intentando impulsar una educación sexual vulgar y el adoctrinamiento de género de los más jóvenes, el acceso universal al aborto, está socavando la posición de la familia y el matrimonio bajo el dictado del lobby LGBTTTIQ. Todos estos objetivos iban a alcanzarse ahora gracias a un nuevo "acuerdo de asociación" entre la UE y la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico. Recientemente, el Consejo de la UE concluyó las negociaciones sobre el acuerdo y decidió firmarlo en nombre de toda la UE.

Se puso de relieve las amenazas relacionadas con el documento, que los medios de comunicación ignoraron casi por completo. Sin embargo, las acciones produjeron resultados. En su posición oficial, Polonia declaró que el acuerdo era contrario a los tratados de la UE y a la Carta de los Derechos Fundamentales, al sustituir el principio convencional de "igualdad entre mujeres y hombres" por el concepto de "igualdad de género", que carece de base. Polonia interpretará el término "género", que no aparece en los tratados europeos, como sexo biológico. La posición también subrayaba claramente que el aborto es contrario al derecho humano más básico, que es el derecho a la vida.

Ahora los países del sur global deberían seguir el ejemplo polaco. Los expertos de Ordo Iuris están preparando un memorándum especial para 79 países de África, el Caribe y el Pacífico, en el que explican que el "acuerdo de asociación" se convertirá en un instrumento de presión, intimidación y neocolonización ideológica.

Ordo Iuris lleva mucho tiempo oponiéndose al litigio estratégico llevado a cabo por radicales, en el que activistas de toda Europa presentan demandas contra sus propios países ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, queriendo utilizar sus sentencias para influir en el ordenamiento jurídico de sus países. En el marco de esta acción, 21 parejas del mismo sexo de Rumanía presentaron una denuncia contra este país por violar su derecho al respeto de la vida familiar y privada al no darles la oportunidad de formalizar legalmente sus relaciones.

El Tribunal de Estrasburgo ordenó a Rumanía que institucionalizara las relaciones entre personas del mismo sexo. El voto discrepante fue expresado por el juez prof. Krzysztof Wojtyczek, porque la interpretación del Tribunal del Convenio Europeo de Derechos Humanos impone nuevas obligaciones a los Estados soberanos que ninguno de ellos había aceptado anteriormente. El Tribunal ha asumido el papel de legislador, lo que constituye una elusión inaceptable de los procedimientos democráticos.

Sentencias similares en casos contra otros países son sólo cuestión de tiempo. Por lo tanto, hicimos un llamamiento a las autoridades polacas para que adoptaran urgentemente una declaración de interpretación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que expresara una objeción vinculante a la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prevé la formalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, y presentamos un modelo de dicha declaración.

La única forma de defensa del orden constitucional nacional es presentar una objeción formal por parte del Gobierno o del Presidente en caso de interpretación ideológica de documentos relativos a problemas importantes para la identidad constitucional.

Independientemente de esto, el Instituto Ordo Iuris también participa en procedimientos ante el Tribunal de Estrasburgo, en los que los jueces del TEDH se pronuncian sobre cuestiones relativas no sólo a la formalización de relaciones entre personas del mismo sexo, sino también sobre todos los asuntos cruciales para la defensa de la vida, la familia, la libertad de expresión y la libertad de conciencia.

También supervisaron el trabajo de las agencias de la ONU para responder a amenazas similares. Recientemente apoyamos la posición de la Santa Sede sobre el nuevo proyecto de Tratado sobre Crímenes contra la Humanidad, que eliminaba la definición de sexo biológico para dar cabida al concepto de género como una construcción cultural fluida.

El Estatuto de Roma de 1998 hace hincapié en la existencia de dos géneros: masculino y femenino. El nuevo proyecto obvió esta cuestión, creando espacio para establecer una nueva definición de género, entendido como un constructo fluido que puede cambiar independientemente de las características biológicas objetivas. Así lo indica claramente la postura de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, que justificó el abandono de la definición de género por su evolución hacia un "concepto socialmente construido (no biológico)".

El resultado de adoptar el documento en su forma actual puede ser una interpretación del tratado según la cual la defensa consecuente de la identidad del matrimonio como unión de un hombre y una mujer o la postura científica de que sólo hay dos sexos podrían considerarse... crímenes contra la humanidad.

Presentamos nuestro análisis a la Representación Permanente de Polonia ante la ONU, y se opuso a eliminar la definición de género del documento, citando argumentos similares a los nuestros, entre ellos que mantener la "definición acordada y codificada" de género en el Estatuto de Roma contribuirá a mantener la "coherencia en el derecho internacional".

Las partes peligrosas del proyecto no se han considerado acordadas, pero el documento sigue siendo objeto de negociaciones. La UE apoyó firmemente la eliminación de la definición de género del Tratado en una declaración de la delegación comunitaria, en la que afirmaba que la UE "se congratula de que la CDI (Comisión de Derecho Internacional) haya decidido eliminar la definición de género". Por eso hemos preparado un llamamiento internacional sobre este asunto, cuyos firmantes se oponen a la transformación del sistema de derechos humanos en una herramienta para introducir cambios socioculturales.

También fue gracias a la presión que los representantes polacos empezaron a pronunciar claramente en el foro de la ONU contra la inclusión del aborto en el sistema de protección de los derechos humanos. Durante la decimosexta sesión de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Paweł Wdówik —representante del gobierno para las personas con discapacidad— se opuso al "derecho al aborto" impulsado por los radicales, afirmando que el —derecho a la vida, que es un requisito previo necesario para ejercer otros derechos y libertades, debe ser objeto de una protección especial por parte de la comunidad internacional—.

No permitamos que se destruya el orden jurídico que protege nuestra libertad, vida y dignidad. Únete a nuestra lucha para defenderlo.