La aportación de la cultura de la legalidad implica que “cada persona tiene responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con un Estado de derecho”, como “aquél en el que todos los integrantes de la sociedad, son gobernados por leyes establecidas de forma democrática, que protegen los derechos individuales y se aplican uniformemente”.
Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2021.– Soluciones reales y duraderas a los problemas que afectan a la familia, la vida, mujeres, jóvenes y al estado de derecho requiere de propuestas, actuar en soluciones reales, duraderas y no solo reconocer el problema.
Los retos son muchos retos, pero juntos se podrá avanzar en una agenda por las familias mexicanas y por toda vida humana.
Una Agenda Ciudadana 2021 que propone acciones concretas, garantizar la dignidad de la persona, el respeto a la vida humana en todo momento y circunstancia, un efectivo estado de derecho, libertad de pensamiento, expresión y creencias, protección a la familia, el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, el interés superior de la niñez, y del acceso a los derechos humanos fundamentales en todas las etapas de la vida, es el compromiso para lograr y sustentar las políticas públicas con un presupuesto para ejercerlo.
Luego de los comicios electorales, es importante dar continuidad al trabajo de promover buscar el pilar fundamental para desarrollar la estabilidad y bienestar de los núcleos familiares, al implicar que, juntos, sociedad civil y actores políticos, generen acciones claras para proteger a la familia, la vida humana en todas sus etapas, desde su concepción, hasta su muerte natural.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece “El elemento natural, fundamental de la sociedad con derecho a ser protegida por la sociedad y el Estado, de ahí la importancia de proteger la vida, como establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 4, punto 1: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Derecho protegido por la ley a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”, como lo avala la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona”.
Los puntos incluyen beneficiar la familia y la vida, como un derecho de los padres a educar a sus hijos y vida familiar digna; evitar el impacto negativo en la familia como la desintegración de núcleos familiares por drogas, adicciones, eutanasia, entre otros. Reconocer la aportación de las mujeres en el ámbito público, privado y generar condiciones para su desarrollo pleno. Fomentar las relaciones sanas entre hombres y mujeres, sin confrontar, y que la mujer valore sus capacidades y habilidades, entre ellas, la maternidad.
Jóvenes con la Agenda Ciudadana 2021 |
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará», en su artículo 5 establece que: “Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y contará con la protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Las entidades reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos”.
Según la plataforma de Acción de Beijing plantea en su número 12: “Promover la potenciación del papel de la mujer y el adelanto de la mujer, incluido el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, creencia, lo que contribuye a satisfacer sus necesidades morales, éticas, espirituales e intelectuales e individual o en comunidad que garantizan la posibilidad de realizar su pleno potencial en la sociedad plasmando su vida de conformidad a sus propias aspiraciones”.
La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes plantea: “Constatar que los jóvenes formen un sector social con características singulares en razón de factores psico-sociales, físicos e identidad que requieran atención especial por tratarse de un período de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro”.
La Convención establece que “entre los jóvenes de la Región se constatan graves carencias y omisiones que afectan su formación integral, al privarlos o limitar su derecho a la educación, empleo, salud, medio ambiente, participación en la vida social y política y en la adopción de decisiones, la tutela judicial efectiva, la información, la familia, la vivienda, el deporte, la recreación y la cultura en general”.
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