Las personas privadas de la libertad tienen derecho a no ser discriminadas

Ciudad de México, 16 de julio de 2021.— Es una prioridad garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas privadas de la libertad, señaló el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en México Guillermo Fernández—Maldonado.

En el marco del Día Internacional de Nelson Mandela el próximo 18 de julio, para promover las condiciones de encarcelamiento dignas y sensibilizar que las personas privadas de la libertad son parte de la sociedad, explicó.

Guillermo Fernández—Maldonado, destacó que las personas privadas de la libertad, incluso cuando ya recuperaron su libertad, son estigmatizadas y discriminadas, lo cual obstaculiza su reinserción en la sociedad. Uno de las prácticas que ejemplifican este problema es el negarles el acceso al empleo y otras necesidades ligadas a la plena reinserción social con la excusa que tienen antecedentes penales.

En este sentido, la ONU-DH celebró los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó recientemente, en cuanto al carácter discriminatorio de las leyes que establece la exclusión de personas con antecedentes penales para ocupar cargos públicos. 

Añadió que las decisiones del máximo tribunal mexicano, de declarar inconstitucionales dichas normas, son un importante paso para revertir esta práctica discriminatoria, que genera graves afectaciones a las personas que recuperan su libertad y hace que la reinserción social que buscan se convierta en un objetivo inalcanzable. Ahora correspondería que estos criterios judiciales se traduzcan en campañas de comunicación y sensibilización, y en políticas públicas que hagan realidad la erradicación de esta práctica discriminatoria, tanto en el ámbito público como el privado.

La Constitución mexicana y los principales tratados internacionales de derechos humanos reconocen el derecho a la igualdad y a la no discriminación de todas las personas. Estos instrumentos reconocen el derecho a la reinserción social de las personas privadas de libertad, a fin de que una vez recuperada su libertad, puedan reintegrarse plenamente a sus familias y comunidades. La utilización de los antecedentes penales es sólo un ejemplo de los medios por los cuales se estigmatiza y discrimina a este sector de la población. 

Por ello, llamó al Estado mexicano para que adopte las medidas necesarias que garanticen la plena vigencia de los principios de igualdad y no discriminación en cuanto al disfrute de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como el derecho a la reinserción de aquellas personas que han recuperado su libertad, subrayó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en México Guillermo Fernández—Maldonado.





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