Una sana laicidad exige responsabilidad, compromiso irrenunciable de garantizar el derecho a la libertad religiosa, sin condicionantes ni interpretaciones torcidas por la ideología, que anula el ejercicio pleno de los derechos fundamentales; el Estado Laico no es antirreligioso, jacobino, ni busca anular las creencias religiosas por el contrario, es la auténtica laicidad que estimula la presencia de valores, sentimientos de fe que contribuyen a la paz, la justicia y la solidaridad entre los ciudadanos.
Representantes del Frente Nacional por la Familia en Tepatitlán, Jalisco |
Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2021.– Buscan que México sea un país de libertades, donde reine la justicia, la paz y el respeto a la conciencia y creencias del pueblo, fue el llamado del Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) a sumarse a esta petición.
Renovar el tejido social en el país, es indispensable dejar que los ciudadanos expresen, vivan y compartan sus profundas convicciones en el cimiento de su identidad cultural y su vida social.
La auténtica revolución de conciencias es la defensa de la Libertad Religiosa, la Vida, la Familia y las Libertades, amenazada por los gobiernos autoritarios, luego de que un gobierno pretenda imponer su visión unilateral de forma autoritaria sobre lo que los mexicanos deben creer y pensar y como han de educar a sus hijos.
La libertad religiosa es un derecho humano fundamental Consagrado en la Constitución y Tratados Internacionales signados por México. No es la represión el camino para sanar heridas sufridas por el pueblo como la inseguridad, corrupción, impunidad, injusticias, deterioro económico, incapacidad de las instituciones de salud y seguridad social, e incompetencia de las autoridades en todos los niveles.
La auténtica revolución de las conciencias, es la que hizo el pueblo de México al demostrar a regímenes anti religiosos que odian la fe, que el país seguirá Siempre Fiel en una gesta heroica por defender su libertad religiosa y derecho a creer, profesar la fe en privado y públicamente sin ser molestado ni obligado a renunciar a los dictados de su conciencia.
Preservar el derecho a la fe, religión es un alto costo que ha sufrido el país, por muchos años Dios, con la libertad como bandera de los defensores del derecho a profesar la religión y educar a los hijos conforme a las convicciones, por lo que el pueblo levantado en armas bajo la violencia del gobierno autoritario que pretendía anular su libertad fundamental amparadas en legislaciones absurdas y retrógradas.
Libertad conquistada a sangre por miles de mexicanos esperó más de setenta años para reflejar su voluntad se en la legislación, y soportar heroicamente abusos antirreligiosos, por lo que en 1992 al que hacerse las reformas para eliminar leyes de un trasnochado anticlericalismo, para conocer la importancia de que en el país se garantizarán derechos humanos sin excepción, porque es una vergüenza callar las voces que denuncian las ideologías, la corrupción y el autoritarismo con que se conducen algunos políticos en el país.
Posicionamiento sobre libertad religiosa
Integrantes del Frente Nacional por la Familia (FNF), destacan que signos autoritarios silencian a Obispos y sacerdotes al imponer desde el poder público esta terrible fatalidad, como el certero crimen contra el Arzobispo de Guadalajara, Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993 o el atentado contra la salud física del Cardenal Juan Sandoval Íñiguez al perseguírsele desde las instituciones del Estado con acusaciones falsas que la Procuraduría General de la República (PGR), no pudo demostrar y las recientes sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pretende anular las voces de obispos y pastores, por orientar al electorado.
Desde Tepatitlán, el FNF envía un enérgico llamado al Mandatario, Funcionarios, Ministros de la SCJN, Legisladores, Gobernadores, munícipes y directores de los tres ámbitos de gobierno, hacer a un lado la tentación de comportarse como los nuevos “Herodes, Plutarco Elías Calles” y atiendan el mandato que les fue conferido por la Constitución Política y las leyes que de ella emanan.
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